El surgimiento de distintas plataformas que ofrecen servicios como el de delivery o el transporte de personas, ha dado lugar a muchos interrogantes que, a la luz de la legislación vigente, dan cuenta de verdaderas zonas grises.

Se ha conocido la sentencia del caso “Bolzán José Luis C/ Minieri Saint Beat Guillermo Mariano y otros S/ Despido”, que involucra a la plataforma tecnológica “Cabify”, la cual ofrece como servicio a los usuarios la posibilidad de que, a través de una simple aplicación descargada en el dispositivo móvil, se pueda solicitar un transporte que pueda recogerme en el punto exacto donde me encuentro y trasladarme a donde deseo a cambio de un pago en dinero, y al Sr. Bolzán, quien conducía su propio vehículo y utilizaba como soporte dicha plataforma a los fines de poder obtener “viajes”.

¿Cuál es la importancia de lo resuelto por la Juez en el presente caso? El Sr. Bolzán alegaba la existencia de un vínculo de trabajo entre su persona y Cabify, el cual consistía en la conducción de vehículos para el transporte de pasajeros, mientras que para la empresa existía entre ambos un contrato de servicios, rechazando una vinculación que pueda encuadrarse dentro de la Ley de Contratos de Trabajo (Ley 20.744) y de esta forma sosteniendo que no se encontraban presentes las notas características de una relación laboral (jornada, remuneración fija, relación de dependencia, etc).

Así las cosas, la disputa judicial versaba sobre qué tipo de conexión existía entre ambos ¿Es una relación laboral, o es una relación contractual? ¿Le debo aplicar el Código Civil y Comercial o la Ley 20.744?

En el fallo, la magistrada manifestó que se tratada de un vínculo alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), ya que el artículo 23 de dicha normativa, dispone que, si una persona prestase servicios en favor de otra, se presumirá que existe relación laboral entre ellas salvo que se demuestre – mediante prueba – que ello no es así. Además, la jueza señala en su sentencia, que es la naturaleza del vínculo la que determina el derecho aplicable, independientemente de lo que las partes hayan instrumentado. Es decir, si la relación tiene las notas características de un vínculo patrón-empleado, esta se rige por el Derecho Laboral y no por el Derecho de los contratos.

Finalmente, resta referir que la firma demandada no fue la única condenada al pago de la indemnización, sino que la obligación de pago se extendió al presidente de la sociedad a consecuencia de tratarse de la demanda de un trabajador no registrado, en una muy opinable aplicación del Derecho Societario, toda vez que menciona el art. 54 de la Ley General de Sociedades referido a la inoponibilidad, (que no aplicaría) y soslaya también el art. 274 de la misma ley, el cual resulta más adecuado, aunque también dicha solución presenta carencias conceptuales

Para ampliar sobre estos temas, leer el artículo: “El derecho laboral a la caza de la era del conocimiento”, por Sala mercado y Rodríguez Cuenca.

Agracedemos a Gino Zoppi por su participación en la redacción de este blog.

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